El Mercado de Carbono en Colombia se ha consolidado como el escenario en el que finalmente se habían conseguido los recursos económicos para invertir en el ambiente; sin embargo, el panorama sobre el destino de estos dineros no es claro, y aún más preocupante, parece que se está embolatando.
La iniciativa de generar un gravamen sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), permitió la creación del mercado de carbono como un escenario económico y social, con el fin de disminuir la contaminación mundial e invertir en proyectos que beneficien la conservación del ambiente. Y digo económico porque es inherente el coste del impuesto que se genera en beneficio del país; en cuanto a lo social, me refiero a la práctica que se empieza a estandarizar dentro de las compañías y las personas sobre “cambiar el chip” para reducir el impacto negativo que estamos dejando en nuestro paso por el planeta.
La popularidad que ha ganado la comercialización de estos certificados de carbono impulsa a pensar en un futuro no sólo prometedor para rescatar lo que nos queda del planeta; sino además evidencia una necesidad creciente de invertir en nuevos proyectos ambientales que faciliten las condiciones de vida en un presente y un futuro para todos nosotros.
En Colombia desde el 2016 se vienen promoviendo regulaciones sobre este tema que han tenido una favorable acogida en estos sectores, y finalmente en el 2017, con el decreto 926, se reglamentó que las empresas deberían realizar un pago de $15.000 por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite hacia la atmósfera, o por la combustión de derivados líquidos del petróleo, con el fin de mitigar el daño ambiental.
Dicho dinero, según lineamientos del gobierno, se iba a destinar para financiar proyectos de sostenibilidad que estén beneficiando la construcción de paz y de tejido social en el país; la realidad por supuesto ha sido otra; y es que, si bien se destinará un 30% del presupuesto total de este impuesto para financiar, por ejemplo, el cambio climático y el cuidado de áreas protegidas, el grueso del dinero (70%) se entregará para suplir necesidades, aún ambiguas para el público, en materia de asuntos de paz y posconflicto; no sólo eso, el Ministerio de Ambiente debía ser el ente que regulara dicho presupuesto dentro de sus arcas, ahora, con el traslado de esa responsabilidad al Ministerio de Hacienda el panorama de ese dinero cada día se ve más incierto. En otras palabras, le están haciendo “conejo” al ambiente.
Si bien los avances han sido muchos en materia de regulación, lo más importante a tener en cuenta debe ser el cumplimiento de los objetivos de mitigación de daño ambiental y el compromiso de la nación para reducir sus emisiones junto con el de sus ciudadanos. Logrando esto, es posible evidenciar el sentido real y ver palpables resultados para beneficio global. La tarea está puesta en la mesa y el tiempo sigue corriendo; juntos debemos empezar no solo a idealizar el cambio sino a generar acciones que demuestren una verdadera intención de darle un giro real a lo que sucede en el mundo. Mitigar el daño ambiental es una tarea de todos. Incentivemos el cambio desde nuestras rutinas diarias y así podremos replicar en otros aspectos y en otras personas un movimiento que empiece a equilibrar la balanza ambiental.